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1 - Conforme el artículo 94.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del personal a su servicio, cometidas en el ejercicio de sus funciones y cargos:
a) Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pudiera derivarse de tales infracciones.
b) Sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
c) Únicamente podrán serán corregidos por la Administración.
d) Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera derivarse de tales infracciones.
2 - En virtud de lo establecido en el artículo 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 36. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
b) Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 35. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
c) Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 38. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
d) Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo 37. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.
3 - Atendiendo al artículo 52 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público referido a los deberes de los empleados públicos:
a) Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses de la administración para la que trabajen con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: subjetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
b) Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses públicos con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos.
c) Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses privados con sujeción al Reglamento orgánico de la Corporación, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta.
d) Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.
4 - Conforme el artículo 164.1 de la Constitución española de 1978, una vez publicadas las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿cabe recurso alguno contra ellas?.
a) No cabe recurso alguno contra ellas.
b) Sí, siempre.
c) Sólo tiene legitimidad el Defensor del pueblo.
d) Podrán ser recurridas por los interesados.
5 - Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación a los efectos de los actos, señale la respuesta correcta:
a) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
c) En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
d) En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
6 - A tenor del artículo 13 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios informáticos en sus relaciones con las Administraciones públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.
7 - ¿Qué Ley crea la figura del fiscal contra la violencia sobre la mujer?.
a) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
b) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
c) Ley 16/2003, de 8 de abril.
d) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
8 - Señale la respuesta incorrecta respecto a la definición de información general que viene regulada en el artículo 2 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano.
a) Se facilitará obligatoriamente los ciudadanos.
b) Se exigirá la acreditación de legitimación.
c) Se ofrecerá a grupos sociales o instituciones interesadas en su conocimiento.
d) Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados.
9 - Según dispone el artículo 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el trámite de audiencia:
a) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
b) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
c) Los interesados, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
d) Los interesados, en un plazo inferior a diez días y superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
10 - Los Tribunales de Honor conforme el artículo 26 de la Constitución española de 1978:
a) Se prohíben en el ámbito de la Administración Militar.
b) Se prohíben por el artículo 25.4 de la Constitución española.
c) Se prohíben en el ámbito de las organizaciones profesionales.
d) Se prohíben en el ámbito de la Administración General del Estado.


Preguntas acertadas:
Preguntas falladas:
Preguntas no contestadas:
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